Cuando una persona necesita apoyo en ciertos aspectos de su vida y no es consciente de ello, sus familiares ven necesario iniciar un procedimiento de incapacidad. El Código Civil indica que “una persona debe ser incapacitada cuando sufra una enfermedad o deficiencia persistente y grave, de carácter físico o psíquico que le impidan gobernarse por sí mismo”, por lo que dicho procedimiento no se utiliza solo en el caso de persona mayores, hay muchos tipos de incapaces.

¿Quién puede solicitar la incapacidad de una persona?  

Sus familiares más cercanos: la esposa o el marido, o la pareja de hecho, hijos, hermanos o el Ministerio Fiscal. En el caso de los menores de edad, solo podrán hacerlo los padres o tutores. 

¿Qué documentación es necesaria preparar?

Los siguientes documentos serán necesarios  aportarlos para demostrar su discapacidad:

• DNI, certificado de empadronamiento y de nacimiento del demandado.
• Informes médicos, psicológicos, o sociales, que puedan demostrar la incapacidad del demandado.
• Si lo hubiese, el certificado de discapacidad.
• Relación de bienes e ingresos del demandado.
• Nombre y domicilio de la persona que se pide que ejerza la tutela.

¿Cómo se hace?

El proceso de incapacidad solo se puede iniciar mediante demanda firmada por abogado y procurador en la que se enumeren los motivos por los que hay que declarar incapaz a una persona, y ofreciendo que se nombre un tutor –incapacidad total- o curador –incapacidad parcial- a una determinada persona. 

A continuación, el juez informa a la persona que se pretende incapacitar para que conteste a la demanda en el plazo de veinte días. Si transcurridos ese tiempo la persona no ha contestado, su representación ante la demanda la realizará el Ministerio Fiscal. Sin embargo, si esta figura es la que ha puesto la demanda, el juez asigna al demandado un defensor judicial.

Posteriormente, una vez contestada la demanda, el juez estudia los informes médicos, psicológicos y la calificación de minusvalía y ordena que se realice un examen forense a la persona, que realiza el médico del juzgado, para que informe sobre su estado. Además, el propio juez llama a la persona para examinarlo personalmente. Finalmente, el juez cuando esté convencido dicta una sentencia de incapacidad.

No obstante, durante el procedimiento se pueden proponer medidas cautelares para que se apliquen hasta que haya una sentencia, y así proteger al futuro incapaz durante ese período, que puede durar entre seis meses y un año. Suelen ser muy comunes las medidas cautelares relacionadas con la administración de los bienes y patrimonio del demandado, con el objetivo de que no se llegue a una situación en la que estén en peligro.

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